El colectivo ha presentado varias veces solicitudes de acceso a información clave sobre residuos, calidad de aire y gestión económica, y reclamando el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados puesto que, según Palmito, el Ayuntamiento lleva años incumpliendo las obligaciones legales básicas en materia de gestión de residuos mientras que la ciudadanía soporta las consecuencias: aire contaminado, dinero público males gestionados y una oportunidad perdida de avanzar hacia una economía circular real y sostenible.
En los escritos (presentados el julio de 2025 y el marzo de 2026 al OMAC) se reclamaba documentación que tendría que estar disponible públicamente y que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de facilitar. Entre las peticiones, destacan el acceso al Plan Local de Gestión de Residuos (obligatorio para municipios de más de 50.000 habitantes, según la Ley estatal 7/2022 y Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana), la actualización de la Ordenanza Municipal de Limpieza (aprobada el 2003 y modificada el 2007 pero ya complemento desfasada y aliena a las exigencias normativas actuales, e información actualizada sobre la calidad del aire alrededor de la planta de los Quemados, donde el vecindario ha denunciado reiteradamente molestias por olores. Todas estas peticiones han obtenido el silencio municipal por respuesta.
Pero las reclamaciones van más allá. Palmito quiere saber cuánto dinero público se han destinado a soterrar residuos (en lugar de reciclarlos-)en el Consorcio Comarcal de los Quemados entre 2020 y 2025, cuál es la participación municipal en este consorcio y en qué medida se han cumplido los compromisos de sensibilización y educación ambientales previstos en el contrato firmado el diciembre de 2020 con las empresas concesionarias Urbaser SA y FCC Medio Ambiente SA.
A esto hay que añadir el impacto del llamado “tasazo”: un gravamen que teóricamente tendría que incentivar la separación de residuos al hogar y reducir el depósito en vertedero. Pero la aplicación de esta tasa ha generado confusión tanto en cobro como en las bonificaciones. Su aplicación, por parte del Ayuntamiento ilicitano, compuerta un serio problema de equidad: para rentas medias-altas o negocios consolidados el incremento de la tasa es inapreciable y no genera, por lo tanto, ningún incentivo real para mejorar la separación de residuos. Pero para hogares con menos recursos o pequeños empresarios con márgenes más ajustados, la misma carga puede ser significativa. Mientras la gestión en origen no mejoro, todo el mundo pagará más sin obtener las reducciones previstas en el impuesto estatal.
El colectivo ecologista considera que el municipio tiene la medida y la capacidad para liderar la transición hacia la economía circular en la Comunidad Valenciana. Pero para lo cual hace falta voluntad política, transparencia y cumplimiento de la ley.
No se trata de pedir favores, sino de exigir el que la ley reconoce: el derecho a saber, a participar y a exigir una gestión eficaz de los recursos comunes. La respuesta y el compromiso del Ayuntamiento ante estas solicitudes será, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre el modelo de ciudad que Elche quiere ser. No es una cuestión menor: el contrato municipal de recogida y tratamiento de residuos supera los 28 millones de euros anuales -uno de los más elevados de la historia reciente del Ayuntamiento- y la ciudadanía tiene derecho a saber si este dinero se gestionan con eficacia, transparencia y pleno respecto a la ley.
Marco legal de referencia
- -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (obligación del Plan Local de Gestión de Residuos en municipios de más de 50.000 habitantes)
- –Ley valenciana 5/2022 sobre derecho de acceso a la información pública (arte.6 d)
Ordenanza Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Elche (aprobada el 2003, modificada el 2007) - -Contrato municipal de gestión de residuos con UTE URBASER SA y FCC Medio Ambiente SA (diciembre 2020, apartado XII)
ANEXO: escrito de en Generalitat Valenciana a Consistorios de municipios de más de 50.000 habitantes
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