El despilfarro de la Ley de Costas

La reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado, no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su privatización. Supone además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la costa, según denuncia Ecologistas en Acción.

A lo largo de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de compensaciones.

Ecologistas en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.

La reforma incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre frente a la especulación urbanística

Estas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno.