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Las comunidades se rebelan contra el decreto que impide pescar especies invasoras

El Gobierno cita a las autonomías para estudiar una moratoria a la norma aprobada por el PSOE. Los ecologistas alertan contra la regresión que supondría dar marcha atrás

Las comunidades autónomas y cierto sector de la pesca están en guerra contra una de las últimas normas que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un decreto que impide soltar o comercializar especies invasoras, a las que obliga a dar muerte y prohíbe su gestión pesquera o cinegética. Pero el listado incluye especies, como la trucha arco-iris o el black-bass, con enorme interés para la pesca recreativa, un negocio que mueve millones de euros. Según la Federación Española de Pesca, el nuevo equipo ministerial se ha encontrado con la queja de comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, y ha citado a las comunidades a una cumbre el próximo nueve de febrero. Los pescadores esperan al menos conseguir una moratoria, pero los ecologistas consideran que podría ser uno de los primeros retrocesos ambientales del Gobierno del PP. El ministerio afirma que es un compromiso del ministro, Miguel Arias Cañete, solucionar el problema del decreto de una forma que beneficie a todo el mundo.

Víctor Manuel Otal, vicepresidente de la Federación Española de Pesca, critica que el catálogo de especies invasora incluyera “algunas especies que fueron introducidas en España legalmente hace muchos años y que no causan daño alguno en los entornos donde habitan (todo lo contrario, controlan a otras especie invasoras, y generan gran riqueza deportiva y socioeconómica)”.

Entre ellos cita como principal ejemplo el black-bass, o perca negra americana, un pez de agua dulce muy resistente que puede llegar a medir medio metro y que se ha adaptado a los ríos españoles. “La pesca de este maravilloso pez es el deporte número uno en Estados Unidos, y se está extendiendo por todo el mundo, pues es probablemente la modalidad de pesca más sofisticada y excitante”, defiende Otal en un correo electrónico. Los pescadores argumentan que la pesca de esta especie genera riqueza donde más falta hace. Según Otal, en Aragón, “la pesca mueve tanto dinero como el esquí”.

Sin embargo, la visión de las ONG ecologistas es radicalmente distinta. Pedro Brufao, presidente de Ríos con Vida, el black-bass tiene “un gran poder de depredación sobre la rica fauna autóctona española”. La organización es una asociación defensora de pesca sostenible. “La segunda amenaza para la biodiversidad es la expansión de especies invasoras y cerca de la mitad de las especies de peces de España son invasoras. Eso es una evidencia científica y decir lo contrario es como defender que la Tierra es plana”, añade.

No es solo el black-bass. Está la trucha arco-iris, el siluro, el hucho, el lucio-perca, el salvelino…, que no han llegado a los ríos de forma accidental, sino deliberada para fomentar la pesca. El siluro lo soltó en el Ebro un alemán en 1974, el cangrejo americano fue una liberación clandestina. Otros han sido incluso liberados por la Administración. En 1949 el Servicio Forestal del Estado soltó ejemplares de lucio y unos años más tarde el black-bass.

Brufao denuncia que la Administración “ha hecho una total dejación de este tema” y solo ahora “comienza a impulsar la pesca sin muerte” y a erradicar especies alóctonas. “Hasta ahora han dejado hacer a ciertas sociedades de pescadores y federaciones deportivas que han actuado sin criterio científico”, añade. Este considera el decreto “un buen comienzo” y avisa de que no toleraría una vuelta atrás. Expertos y las principales ONG del sector, como Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, el Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, se han manifestado en contra de la reforma del catálogo.

La temporada de pesca debe empezar en semanas y el sector está inmerso en la incertidumbre. La Federación Española de Pesca asegura que ha recibido el apoyo de todas las comunidades afectadas. Y muestra una carta de la Generalitat de Cataluña en la que pide el cambio del catálogo de especies exóticas. No es la única. La consejera de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, también ha pedido una moratoria para poder mantener “unas buenas jornadas de pesca que atraigan a los pescadores a todas las comarcas de la región”. La consejera ha recibido un informe de sus técnicos que le recuerda la competencia que ejerce la trucha arcoiris con la autóctona.

Las comunidades han comenzado a regular las órdenes de pesca para esta temporada. Aragón, por ejemplo, ha sorteado el contenido del decreto al declarar que las especies introducidas legalmente antes de la norma, como el black-bass o la trucha arcoiris, podrán ser pescados hasta que no se desarrolle la normativa. Para especies como el siluro, cuya introducción fue ilegal, incluye la posibilidad de pescarlo siempre que inmediatamente se avise a la autoridad, lo que puede generar situaciones estrambóticas.

Los pescadores critican también el tratamiento que da la norma a la truca arcoiris. “Su pesca tiene miles y miles de adeptos, que tienen todo el derecho del mundo a practicar su deporte”, sostiene Otal. Además añade que queda tan poca trucha autóctona “si es que queda algo, pues los genes están mezcladísimos” que erradicar la arcoiris supondría “dejar sin peces cientos y cientos de kilómetros de ríos”.

Los ecologistas siguen con atención la posible decisión del Gobierno del PP, hasta ahora casi inédito en materia de medio ambiente, y que tiene para estos en la perca negra uno de sus primeras pruebas. Según Juan Carlos Atienza, de SEO/Birdlife, cuando se reunieron con el ministro y con el secretario de Estado, Federico Ramos, estos le garantizaron que no derogarían la norma.

Las principales ONG ambientales defienden que se mantenga el decreto de especies invasoras

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de degradación de los ecosistemas. La liberación, accidental o voluntaria, y posterior expansión de especies foráneas pone en serio peligro la biodiversidad de la Tierra tal y como la conocemos.

El conocimiento aportado por innumerables trabajos científicos en la materia ha dado lugar a que la lucha contra las especies invasoras se haya trasladado a diversas normas vigentes en España desde hace más de tres décadas, que fruto de los compromisos internacionales y de la creciente problemática ha desembocado en la aprobación del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras el pasado otoño.

Aun siendo muy mejorable, este Real Decreto es un avance para afrontar un problema de primer nivel, de muy difícil control en muchos casos y que causa importante daños no sólo ambientales, sino también económicos y sanitarios. Supone el primer intento serio de poner coto a la introducción y expansión de especies exóticas invasoras y de, si es posible, paliar sus perniciosos efectos, especialmente en el medio acuático.

A pesar de la certeza científica del daño que causan y del reconocimiento legal del problema, están surgiendo voces que piden la derogación del Real Decreto por afectar a determinadas actividades que se benefician del comercio o la extracción de algunas especies exóticas con reconocido carácter invasor. Es el caso del siluro, el black-bass, el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa, el hucho, los cangrejos exóticos, el lucio, el alburno, las variedades exóticas de trucha común y esturión, el arrui, el muflón, el visón americano, el mapache o el jacinto de agua, entre otras. No es de recibo que los sectores de la acuicultura, de la pesca y la caza intensivas o de las tiendas de animales quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a otras fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se pueden dar plazos para una transformación racional de estas actividades.

Entendemos que a pesar de sus deficiencias, el Real Decreto de Especies Invasoras es un buen comienzo para atajar los perjuicios provocados por estas especies. Por tanto, solicitamos a los responsables públicos que redoblen sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma y para ampliar su objeto de aplicación de modo progresivo, invirtiendo el dinero dilapidado en fomentar las especies exóticas en afianzar la restauración del hábitat y la recuperación de las especies autóctonas, muy perjudicadas por las invasiones biológicas. Entre las mejoras que debiera incorporar el Real Decreto en su desarrollo están la del aumentar las medidas preventivas que eviten las sueltas, voluntarias o no, y la de evitar sacrificios de animales, promoviendo la captura en vivo de las especies exóticas existentes en el medio natural.

Por último, recordamos que la liberación de especies exóticas invasoras fue tipificada como delito por el Código Penal de 1995, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía ambiental, y que la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 obliga a pagar por los daños económicos que causan.

Ríos con Vida, Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Unipesca, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, Asociación Ibérica de Limnología.

 

 

Diario “El  País”, 31-01-12

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