El activismo del PP castellonense a favor de la legalización de la caza con “parany” contrasta con la neutralidad mostrada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que elude posicionarse sobre este espinoso asunto y se limita a decir que acatará lo que diga el Tribunal Constitucional (TC).
Este diario informó de las gestiones que han iniciado los parlamentarios nacionales del PP de la provincia para intentar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, retire el recurso de inconstitucionalidad que presentó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, y que supuso la prohibición cautelar de la práctica del “parany”.
La decisión de Rajoy de dar o no vía libre a esta modalidad de caza estará condicionada por el criterio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este diario recabó la opinión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente; en concreto, sobre si cree que es posible legalizar el “parany” y si, en caso de consulta, avalaría la retirada del recurso en el TC. En una respuesta escueta, el Ministerio se limita a decir que “este asunto se encuentra pendiente de resolución por parte del TC” y que la postura del departamento es la de “acatar todas las resoluciones judiciales, tanto esta como cualquier otra que se produzca”. Eludió tomar partido ni pronunciarse sobre la posibilidad de legalizar el método.
La contestación del Ministerio evidencia que, pesar de las promesas electorales del PP, dar cobertura legal al “parany” es una misión muy compleja, ya que tiene varias sentencias judiciales en contra y colisiona con la normativa europea.
En octubre de 2009, las Corts Valencianes aprobaron una modificación de la ley autonómica de caza para dar cobertura al “parany”, método que declaró selectivo y no masivo. Meses después, el Gobierno socialista presentó un recurso ante el TC y éste decretó la suspensión cautelar de la modificación de ley de caza, con la consiguiente prohibición del “parany”.
El Ejecutivo central impugnó la modificación de la ley autonómica de caza porque entendió que se habían vulnerado las competencias básicas que ostenta el Estado en materia de medio ambiente. Incidió en que la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad -que incorpora al ordenamiento español lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre conservación de las aves silvestres- impide la utilización de métodos prohibidos en la Unión Europea. En este sentido, la normativa comunitaria veta la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura y muerte de animales similares al “parany”.
El Gobierno entendió que lo establecido en la ley autonómica vulnera la norma estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cuyo contenido debe ser respetado por las comunidades autónomas. También recordó que la Generalitat ya reguló y permitió este método de caza mediante un decreto del año 2000 y que este decreto fue objeto de fallos judiciales desfavorables, tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, como del Tribunal de las Comunidades Europeas.

Diario “Levante”, 17-03-12