El Boletín Oficial del Estado anunció ayer la apertura de un periodo de seis meses para presentar propuestas al Plan Hidrológico del Segura y al Informe de Sostenibilidad Ambiental asociado, que definirán al menos para los próximos seis años el uso de las aguas y la protección del sistema medioambiental del río. La Comunidad General de Regantes de Riegos de Levante ya se ha puesto manos a la obra para hacer sus aportaciones en este plazo, que finaliza el 8 de diciembre, con la premisa principal de solicitar que se mantenga el caudal ecológico de El Hondo y que esta zona natural se equipare en derechos a la Albufera de Valencia.
Esto significaría esencialmente que los regantes dejarían de ser los responsables de la elevación y el pago del agua que se inyecta al El Hondo desde la desembocadura en Guardamar del Segura, porque el aporte hídrico sería automático, regulado, controlado y asumido económicamente por organismos públicos. En el caso de la Albufera, el Plan Hidrológico del Júcar contempla un aporte de agua directo de 170 hectómetros cúbicos, según explica el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina.
Sin embargo, la propuesta de proyecto de Plan Hidrológico del Segura que está en periodo de consulta pública establece un caudal de 30 hectómetros cúbicos para usos ambientales en zonas húmedas, es decir, que ese agua se ha de compartir con el resto de zonas húmedas a lo largo de toda la cuenca del río. En este periodo de alegaciones se ha de concretar cuánto caudal y cómo entra en El Hondo, y a ello se han puesto abogados y técnicos de la Comunidad General de Regantes.
Fundamental
No solo el Plan Hidrológico del Segura es fundamental para el futuro de la agricultura en la provincia de Alicante. Precisamente está en el mismo trámite de consulta pública el Plan Hidrológico del Tajo, que incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura y que tiene como fin de periodo de alegaciones el 20 de septiembre.
Igualmente en este asunto está trabajando Riegos de Levante, que sabe que se abrirá en próximas fechas un tercer frente en el que también tiene mucho que decir: el Plan Hidrológico del Júcar, que afecta al trasvase Júcar-Vinalopó, y que probablemente salga a consulta pública a finales de junio.
Estos tres planes definen el futuro y la supervivencia de los riegos del sur de la Comunidad Valenciana, por lo que en el plazo de seis meses se tomarán decisiones trascendentales para la provincia. Ángel Urbina solicitó por ello como portavoz de los regantes que las entidades, partidos políticos o administraciones implicadas “miren el interés general en vez de el particular, porque serán seis meses de mucho trabajo y solicito tranquilidad a los interlocutores, entre los que estarán técnicos de Castilla-La Mancha, Murcia o la Comunidad Valenciana”.
En este sentido, señaló que un equipo de representantes de regantes están trabajando codo con codo con la Diputación de Alicante y respaldados por el conseller de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar: “Nos estamos jugando el futuro de los próximos años en materia de agua”.
Seis años
Todos estos documentos tienen una validez legal de seis años y se tenían que haber revisado en 2009, por lo que llegan con cuatro años de retraso e “in extremis”, pues la Unión Europea ha puesto como límite el año 2013 a España para ponerse al día en todos sus planes hidrológicos bajo amenazas de multa. Resueltos los del Ebro, el Guadalquivir o el Duero, solo quedan los tres que afectan directamente a la provincia de Alicante.
En el caso del Plan Hidrológico del Tajo, la batalla que está librando el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS, que incluye al Riegos de Levante y tiene por vicepresidente a Manuel Serrano, presidente de la agrupación ilicitana) es intentar sacar el trasvase de este documento para que tenga regulación propia e independiente, de modo que no tenga que ser revisado cada seis años, pues eso supone la incertidumbre de que se pueda restringir el caudal que se deriva al acueducto.
El documento define las inversiones
El Consejo del Agua de la Demarcación del Segura elevará al Consejo Nacional del Agua el documento resultante tras resolver las observaciones y sugerencias que se presenten al borrador de Plan Hidrológico (un documento que se puede consultar en la Confederación Hidrográfica del Segura), para que finalmente el Gobierno publique un Real Decreto.
El Plan Hidrológico es “el elemento básico de gestión de la demarcación hidrográfica” y persigue “conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico”. El borrador propone que el 14% de inversiones previstas se destine a completar la modernización de regadíos, el 11% a completar infraestructuras de saneamiento y depuración y el 62% a adoptar medidas para mejorar la atención de las demandas. El resto se destinará a medidas de restauración hidromorfológica, mejoras en la utilización de las aguas subterráneas, lucha contra la contaminación difusa y defensa de las zonas protegidas, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al tiempo que abría el plazo de consulta pública
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